LA RED DE CONTENCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD
Debilitamiento de la autoridad

 La Iglesia, tanto desde el Episcopado como de la estratégica Comisión de Pastoral Social y el órgano de Ayuda Humanitaria Cáritas, de Monseñor Jorge Casaretto, vienen siguiendo y advirtiendo sobre la agudización de la problemática económica-social.
 Los hechos sociopolíticos de Tartagal y General Mosconi en la Provincia de Salta, revelan que la división creada entre los partidos políticos y sus repre-sentados, ha traído como consecuencia la pérdida de diálogo y el papel mediador de aquellos con la población desocupada y marginada.
 Frente a la desesperación, la gente abandonada recurre a la parroquia, a los sacerdotes y a los nuevos líderes que la misma comunidad crea para transmitir sus demandas por vía inicial pacífica y violentamente después.
 Agotada la negociación política en Gral. Mosconi, el paso siguiente fue el envío de las fuerzas del orden, con el conocido enfrentamiento y hechos de sangre.
 Restablecido el orden aparente, fue el Obispo de Oran, Monseñor Lugones, quien recurrió al Mtro. de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, para requerir apoyo y explorar vías de solución del conflicto.
 Los Obispos del NOA hace un tiempo se reunieron con los Gobernadores de la región y con el Pte. De la Rúa para exponerles la gravedad de la crisis social y reclamarles soluciones.
 Los estómagos vacíos y los ojos de rabia de la gente no esperaron.
 La cuestión se ha complicado porque como bien dijo el Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio existe el riesgo de que elementos violentos se enanquen en las protestas sociales.
 En Gral. Mosconi aparecieron grupos armados que desde las emboscaduras del terreno dispararon contra la Gendarmería Nacional.
Luego varias organizaciones de izquierda, el sindicalismo "duro" y va-rias expresiones políticas populistas, o sea progresistas, se manifestaron en contra de "los gravísimos hechos represivos y de la conmoción social que ocurre en Salta" y expresaron "su solidaridad con las justas luchas populares en pro de la dignidad del trabajo".
 La réplica en la Capital Federal de la Izquierda Unida (IU) fue un "escrache" frente a la Secretaría de Seguridad y a la Casa de Salta con la participación de legisladores del partido.
 El Vice Gobernador bonaerense Felipe Solá, asocia el peronismo con la paz social y sostiene que "no hay paz social en la Argentina cuando no gobierna el peronismo".
 Sin embargo, en Salta, Juan Carlos Romero, ex Gobernador por el justicialismo, que aparece como un caudillo conservador, dice trabajar coordinadamente con el Pte. De la Rúa, a la vez que mostrando gran insensibilidad en la capital provincial el día antes, en los homenajes populares al Gral. Güemes, así como tampoco tenía ningún prejuicio de asistir a una fiesta de casamiento en el tradicional Club 20 de Febrero, que congregaba sin distinciones políticas, a lo más granado de la sociedad salteña.
 Estos duros contrastes no favorecen para nada la mediación y la solución de los problemas sociales planteados; por el contrario, profundiza la brecha entre el Gobierno y el pueblo, con peligrosa pérdida de autoridad e invitación implícita a la desobediencia civil.
 En el NOA, en los últimos años se lo ha considerado como una zona crítica por los expertos en el control y tráfico de drogas.
 El Gobierno Nacional se apresta a poner en marcha un plan integral de lucha contra el narcotráfico en todo el país.
 En el NOA, en los últimos años se ha observado un escaso nivel de incautación de drogas por parte de los policías provinciales, pero hay un elevado número de aeropuertos clandestinos en la región.
 El control de la frontera con Bolivia tiene prioridad, tanto por su producción como abastecedor de cocaína.
Se teme que la situación se agrave por el "efecto rebote" por aplicación del Plan Colombia y el Plan Andino de aislamiento antidroga de ese país, en combinación con los países vecinos.
 Se ha comentado la presencia de "grupos infiltrados" que nada tiene que ver con la población nativa salteña, según declaraciones del Mtro. del Interior.
 La Gendarmería fue atacada fehacientemente por un grupo de 50 a 100 personas, que le dispararon desde el monte, causando numerosos heridos (23).
 En noviembre del 2000 en un enfrentamiento entre gendarmes y piqueteros murió uno de estos en Tartagal. Allí grupos armados irrumpieron en una comisaría y un depósito judicial para robar armamento de guerra.
 Sólo las investigaciones que lleve a cabo el Juez Federal Abel Cornejo podrán dar a luz quienes han cometido delitos en el expediente caratulado: "Interrupción de vías de comunicación".
Para el Secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, son caras repetidas de otros conflictos.
 El Mtro. del Interior y algunos expertos no comprometidos con el oficialismo, mencionaron la irrupción de "guerrilla urbana" como impulsores de tales actos violentos.
 La mayor contención social se lleva a cabo a nivel de Municipio entre autoridades, entidades de bien público, clubes, instituciones educativas, sanitarias y en general, organizaciones de la sociedad civil que son los que conocen a la gente del lugar.
 La distribución de Planes Trabajar del Gobierno Nacional, entregados sin mayor información de base socio económica a dirigentes de los piqueteros, jefes clasistas y combativos, es un paliativo politiquero de corto plazo.
 Este equívoco político constituye un verdadero boomerang, pues invita a repetir los hechos, a la vez que acrecientan el poder de aquellos convirtiéndolos en verdaderos héroes políticos y futuros dirigentes, donde el ejercicio de la violencia es el arma principal para obtener recursos sociales del Estado.
 Salta es una provincia que tiene de raíz una mala distribución de la riqueza, agudizándose en los últimos tiempos por la prolongada recesión y aumento del desempleo.
 En Argentina, un estudio del Centro de la Nueva Mayoría, muestra que "el 55% de las personas tiene un desempleado en su núcleo familiar".

 En síntesis, los hechos estratégicos de violencia social ocurridos en la Pcia. de Salta, revelan una mala distribución de riqueza, una agudización del desempleo y lo más grave una ausencia de la autoridad local, que no se ha preocupado por los problemas de exclusión y marginación de la gente, que están siendo usados por elementos extremistas que trabajan en red, incitando al desorden y al es-tallido social. La red gubernamental actual de contención social es ineficaz e insuficiente.
A la vez será necesario que los órganos de inteligencia y de seguir-dad del Estado informen y prevengan a la sociedad de los nuevos flagelos de la moder-nidad, como el crimen económico organizado mundial, cambios en el tráfico de drogas y el soborno corruptivo.