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DÓNDE ESTÁ EL FISCAl
La pérdida de los espacios públicos
Sin instrucciones precisas del Fiscal o del Juez en
ausencia de aquél, la Policía práctica-mente
no actúa, porque entre otras causas no tiene el poder
de prevención y de detención que tenían
antes debido a los excesos cometidos.
Los denominados "piqueteros" se han apoderado
de las rutas nacionales, provinciales y de la Ciudad. Los
puentes se cierran y se abren según dispongan éstos,
aislada o coordinadamente.
Los obreros y empleados en uso de su derecho de reunión,
de opinión y de huelga, escoltados por la Policía
que asegura su libre tránsito y concentraciones, dejan
tras sí cientos y a veces miles de vehículos
públicos y privados impedidos del libre tránsito,
obligando a desvíos.
Todas estas obstrucciones convierten a la Ciudad casi a diario,
en un verdadero caos vehicular.
A las protestas de los "sin trabajo", se unen
la de los que no llegan a sus lugares de trabajo.
Mientras todo esto ocurre, la población en general
mansamente acepta el reto de los "sin trabajo" y
hasta de los piquetes.
Mientras, los hechos se suceden, también los delincuentes
aprovechan este desorden vehicular y ciudadano para hacer
de las suyas, y en los tiroteos, no deja de caer algún
inocente en medio de la balacera entre ladrones y policías.
La situación se agrava cuando los militantes
de partidos o grupos de extremistas, se entregan deliberadamente
a causar todo tipo de destrozos, como ocurrió al término
de una movilización convocadas por la Central de Trabajadores
Argentinos, CTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC),
que comenzó en forma pacífica y concluyó
con violentos inci-dentes, destrozos de vidrieras, cabinas
telefónicas y lanzamiento de bombas "molotov",
que realizaban personas encapuchadas, armados con palos, piedras,
lanzados, contra bancos y pertenencias de capital español.
Todo esto ocurría sin que la Policía Federal
interviniera.
Los Fiscales y los Jueces que debían intervenir,
brillaron por su ausencia en la Capital de la República.
El vandalismo hace de las suyas y la Justicia mira para
otro lado.
Por supuesto, los agentes del orden público también
ante la carencia de instrucciones para evitar estos desmanes,
tampoco actuaron.
Para mayor problema, aparecieron prácticamente en vivo
y en directo en los noticiosos de todas las agencias del mundo
occidental -CNN, CBS, etc.- y repercutieron muy desfavorablemente
en la imagen del país.
Al día siguiente, viernes 21 de junio, los desmanes
tuvieron efectos negativos en los mercados. Hubo una importante
baja en la cotización de los bonos argentinos y el
MERVAL de la Bolsa de Buenos Aires bajó 1,9% con lo
que en la semana los papeles líderes perdieron el 5,14%.
Los brockers del mercado internacional se manejan por el "efecto
CNN" y el de otras cadenas.
Carlos Aranhcet, del Banco HSBC sugirió que "se
necesita que los inversores se animen a entrar en la Argentina,
pero para eso debe haber y transmitirse un clima de mayor
tranquilidad".
Los hechos descriptos estuvieron precedidos por la clausura,
por piqueteros de la provincia de Salta en el Noroeste del
país, de la ruta nacional 34 que conecta con Bolivia,
durante quince días.
Finalmente, el Juez Federal Abel Cornejo ordenó el
desalojo de los piquetes por parte de la Gendarmería.
Los Gendarmes -según el Juez- fueron atacados
a balazos por parte de un grupo de piqueteros, lo cual derivó
en choque violento con un saldo de dos muertos, 50 detenidos,
un oficial gendarme con una herida de bala en el pecho y otros
22 contusos. Estas imáge-nes también se vieron
en el exterior.
El tercer episodio de gravedad lo constituyó
la decisión de los gremios de Aerolíneas Argentinas
en huelga general, de no dejar salir ni entrar ninguna persona
que viaje en avión de línea. Incluso una aeronave
fue colocada atravesada en la pista principal. Las fuerzas
del orden fueron totalmente sobrepasadas. Los turistas y pasajeros
que deseaban salir del país fueron maltratados por
los grupos huelguistas y los pasajeros de la línea
de Iberia, impedidos de salir del país. O sea, que
se negó la libre entrada y salida de personas.
El art. 14 de la Constitución Nacional '94 dice
con precisión que: "Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos" ... permanecer,
transitar y salir del territorio ..."
El matutino La Nación que publicó un importante
editorial: "Autoridades en falta", po-niendo de
manifiesto "con coraje y sin demagogia, la inexplicable
inacción de las autoridades nacionales y provinciales",
según dijo el Pte. de la Fundación Ética
Pública, Carlos Manfroni.
Lo interesante de la Carta publicada según dicho
diario el jueves 21 de junio de 2001, es la inexplicable inacción
de la Justicia "ante el cercenamiento del principal Aeropuerto
de la Argentina. Tales omisiones demuestran que hacia un lado
o hacia otro la justicia continúa siendo política
y en la política pocos creen en el bien común".
El estudioso de la política, Natalio Botana recomienda
que "la inteligencia de una república debe aplicarse
siempre a la previsión", y agrega que "lamentablemente
esas precauciones han brillado por su ausencia y hoy enfrentamos
el doloroso reto de saber si esta violencia que parece involucrarnos
desde diversos puntos geográficos, podrá ser
contenida por el peso de la ley y encauzada por una renovada
percepción de la Justicia".
Desde Salta y otros puntos del país se está
ensayando una estrategia de movilización permanente,
que se realimenta con el descontento de la gente, la falta
de trabajo, hambre en los excluidos y marginados, que en estado
anómico son víctimas de personas y grupos interesados
por sembrar el desorden e incitar a la violencia.
Un sondeo de Ibope a pedido del Gobierno, revela que 7 de
cada 10 argentinos están convencidos de que las protestas
callejeras no llevan a ninguna parte.
Casi la mitad (49%) cree que las quejas sociales deberían
canalizarse por medio de las instituciones pertinentes y no
mediante cortes de ruta, que sólo parecían beneficiar
a sus organizadores.
Un tercio de los encuestados opina que el Gobierno debería
aceptar una negociación con los piqueteros, o al menos
modificar totalmente la estrategia política que viene
utilizando para afrontar ese problema (28,2%). Y muy pocos
se inclinan por una decisión "drástica
que termine con los cortes, sin negociar" con los manifestantes.
Ibope está contratada por el Gobierno, para que en
todas las acciones del Gobierno se mida el impacto en la opinión
pública.
El 60% de los entrevistados de todo el país considera
que la desocupación es el principal motivo que alienta
los cortes de calles y rutas.
Ante la pregunta "si existe activismo político
detrás de los cortes de ruta", un porcentaje muy
elevado (85%) responde que sí.
Respecto de la futura evolución de esta situación,
un 65,4% afirma que las protestas continuarán.
Respecto de la conducta del Gobierno, un 31,9% se inclina
por una negociación entre el Gobierno y los piqueteros,
un 28% votó por un viraje de 180 grados en la política
actual y un 20% opinó que el Gobierno debería
evitar que los cortes se produzcan "con una polí-tica
que aumente el trabajo de la gente".
Al respecto, el Gobierno Nacional ha destacado al Mtro.
de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, de la Alianza (Frepaso)
para negociar con los líderes José "Pepino"
Fernández y Oscar "Piquete" Ruiz, dos símbolos
de la protesta que comenzó el 30 de mayo último,
con el corte de la ruta 34 a la altura de la población
de Gral. Mosconi. Ambos fueron recibidos en la parroquia del
pueblo.
Ambos tienen pedido de captura tras las órdenes
firmadas por el Juez Federal Abel Cornejo.
Cafiero definió su misión "para aportar
nuestra presencia y colaborar en la concordia y el reconocimiento
de los derechos que tiene la gente postergada".
El Mtro. consideró que la situación que
viven los pobladores de Tartagal y Gral. Mos-coni, "es
el producto de la imprevisión
de los que apostaron a un país casino, de la insensibilidad
de una oligarquía petrolera y de las privatizaciones
sin red social, ni productivas para la zona".
Seguramente el Mtro. Cavallo como responsable de las
privatizaciones en general "sin red social", tendrá
algo que decir y justificar en el Gabinete Nacional.
El Gobierno Federal y el provincial se han comprometido
a reactivar la zona. En vísperas electorales puede
ser que algo hagan hasta el 14 de octubre. El Gobernador Romero
es del partido Justicialista, opositor al del Pte. De la Rúa
(UCR).
El Gobierno por primera vez negocia con los piqueteros
a nivel de Mtro. Primero lo hizo con los de La Matanza a nivel
Secretario de Estado. Si crece la presión y éstos
se nuclean, como parece configurarse, será con el Jefe
de Gabinete de Ministros?.
Si el Gobierno hace lo suyo y los Jueces aplican las
leyes, Argentina aún puede ser un país sin violencia,
donde las garantías y las libertades constitucionales
estén aseguradas, sin la discrecionalidad de los prepotentes
e irascibles, matones o no, piqueteros o no, es-tén
armados o no.
La inseguridad se ha apoderado de las calles de la Ciudad
y de las rutas.
Hemos perdido espacio público que permita gozar
de la paz y de la convivencia solidaria.
No permitamos que los derechos sean conculcados.
Los Fiscales y los Jueces son los que a través
de la sana, equidistante e independiente de administración
de Justicia, nos deberán devolver la seguridad perdida.
Los bienes públicos y privados están bajo
amenaza.
No habrá reactivación posible si no hay paz
y tranquilidad en el pueblo de la República.
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