Protesta y el diálogo social

Una serie de decisiones oficiales precipitaron una tregua en el frente gremial, en sintonía con el nuevo escenario político, reponiendo la estrategia del "diálogo so-cial". Tras el anuncio de la implementación de un seguro de desempleo, algunas de las pautas y claves que se observan son:
  · el subsidio de $ 170 por mes para 206.000 familias que están por debajo de la línea de indigencia alcanzaría a unas 900.000 personas (tendrá un adicional de $ 20 por cada hijo en edad escolar, y se instrumentaría en seis meses); los fondos surgirán de la unificación de partidas sociales de distintos ministerios y sólo se entregarán a quienes realicen al mismo tiempo actividades comunitarias, labo-rales o de capacitación;
  · el Pte. De la Rúa insiste con su clásica invitación al consenso, ante las quejas de sindicalistas y empresarios (la CGT dialoguista pidió rescatar "la importancia de la idea del salario, que más allá del dinero es estabilidad laboral"; toda vez que la ministra Bullrich presidiría el Consejo del Salario, la Producción y el Empleo, aunque no se fijó fecha para la convocatoria);
  · el Gobierno retrocedió con la desregulación de las O. Sociales, logrando un res-piro por parte del sindicalismo (si los paros continuaban al ritmo de los ya rea-lizados, el gobierno de De la Rúa podría superar el triste récord de R. Alfonsín: 13 paros nacionales);
  · el relanzamiento de la mesa de diálogo social, tuvo la aceptación de la CGT "dialoguista" de R. Daer y la "disidente" de H. Moyano (aunque Moyano des-activó el paro con la certeza de que puede convocarlo cuando quiera) y aunque los sindicalistas combativos (CTA) no concurrieron, a los efectos requeridos fue suficiente con que hubiesen dado marcha atrás su anunciada medida de fuerza; además, el mítico secretario general de la UOM, L. Miguel, volvió a dialogar con el gobierno (significa el inicio del programa de competitividad en el sector y la posibilidad de una reactivación en la industria metalúrgica);
  · la suspensión de la desregulación de las obras sociales, alegando que una serie de juicios y amparos concedidos por la justicia ha trabado el funcionamiento del sistema de salud, en la práctica había demostrado escasa atracción para la sociedad y las empresas privadas de salud;
  · la medida implica derogar el decreto de "necesidad y urgencia" que firmaron C. Alvarez y J. Machinea; eliminando el fondo que se recaudaba para pagar las prestaciones más caras y que el gobierno repartía entre los gremios usando esa herramienta políticamente (pero si la idea de desregular sigue vigente, los po-deres especiales que le cedió el Congreso al PEN, permitirá que se avance en otro proyecto pero con acuerdo amplio y previo con las partes).

En síntesis, una serie de concesiones a la corporación sindical apacigua la protesta gremial organizada, pero soslayando la vigente protesta social. Las dos CGT mantienen el objetivo de rodear al Presidente de apoyo político y limitar a D. Cavallo. Tras la fachada del consen-so y la mesa para el diálogo social, prevalece el interés sectorial y la falta de rumbo gu-bernamental.